Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda sobre despido objetivo por ineptitud sobrevenida interpuesta por el trabajador. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por el trabajador demandante que es desestimado. la Sala desestima los motivos de nulidad de la sentencia así como los de revisión de hechos probados. En cuanto a los de denuncia jurídica también se desestima , se argumenta por la Sala, que en el presente supuesto la empresa habría probado que el demandante no podía realizar sus funciones al tener serias dificultades en la deambulación y bipedestación así como subir escaleras, lo que es imprescindible para la realización de las funciones propias de su trabajo, siendo una ineptitud sobrevenida. Concurriendo por lo tanto los requisitos que la Jurisprudencia exige para apreciar que concurría causa que justifica el despido objetivo impugnado
Resumen: Consta en el supuesto enjuiciado que la madre del menor disfrutó de la prestación por maternidad entre el 25/10/17 y el 13/2/18. El padre del menor solicitó la prestación por paternidad el 27/2/18, siéndole denegada por el INSS por extinción del derecho, al haber transcurrido mas de 3 meses desde la fecha de la solicitud a la del vencimiento de la prestación. En casación insiste el actor en el derecho a la prestación por paternidad. La Sala IV comienza por resaltar la fuerte conexión existente entre la prestación reclamada -art. 183 LGSS- y la suspensión del contrato por paternidad -art. 48.7 ET-. Con arreglo a esta última norma, no es dudoso el derecho a la suspensión del contrato por paternidad puede ejercerse después de terminar la suspensión del contrato por maternidad. Por ello, teniendo en cuenta que la madre disfrutó de la prestación por maternidad hasta el 13/2/18 y que el padre solicitó la prestación el 27/2/18, no habrían transcurrido más de 3 meses desde la solicitud hasta el vencimiento de la prestación -art. 53 LGSS-. Como argumentos de refuerzo, se indica que, si la suspensión del contrato por paternidad puede tener lugar después de finalizar la suspensión del contrato por maternidad, la prestación por paternidad puede solicitarse en ese mismo momento. Finalmente, se indica que la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación del plazo de 3 meses a las prestaciones por maternidad son aplicables también a las de paternidad. Se estima el recurso.
Resumen: La Audiencia Nacional tras acoger la inadecuación de procedimiento en relación con la tercera parte del suplico de la demanda por no ser una pretensión propia de impugnación de convenio colectivo, estima las dos primeras de la demanda conjunta interpuesta por CCOo y UGT en las que interesan la nulidad de las tablas salariales del VIII convenio de IBERDROLA y parte de su DF7ª, por apreciarse la existencia de una doble escala salarial dinámica que va más allá de la mera preservación de derechos adquiridos para la plantilla a fecha de 1-1-2021, aplicando criterios jurisprudenciales consolidados relativos a la licitud o ilicitud de las dobles escalas salariales por razón de ingreso y considera que loas argumentos de oposición a la demanda no constituyen razones objetivas y justificables para el mantenimiento de un trato salarial diferenciado en la plantilla atendiendo a su fecha de ingreso en la empresa, diferencias que deben resolverse aplicando a los afectados por la discriminación el trato más favorable resultante.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso del trabajador demandante contra la sentencia que califica como procedente el despido disciplinario que acordó la empresa, por ofensas verbales a superior jerárquico delante de la clientela cuando se le comunica un cambio de centro de trabajo, lo que se entiende probado. La Sala desecha en primer lugar una nulidad de actuaciones no incorporada al suplico del recurso, alegándose que los testigos eran representantes de la empresa, lo que el Tribunal así no considera, reprochando al recurrente que no cite precepto procesal infringido y que tampoco en su día protestase en juicio por admitirse tal prueba. Seguidamente desecha la reforma fáctica propuesta, al pretender una formulación negativa de falta de sucedidos, pues ello supone realizar una previa valoración en derecho de la conducta a observar. Cita jurisprudencia al efecto. Finalmente inadmite el último motivo de impugnación, al no citarse precepto sustantivo o jurisprudencia que se considere como infringidos, lo que no cumple con los mínimos requisitos formales que impone el recurso de suplicación, recurso de naturaleza extraordinaria y no ordinaria.
Resumen: Trabajadores prestan servicios en teletrabajo desde ofrecimiento empresarial el 6/03/20 por los contagios de COVID-19, se planteó teletrabajo compromete 1 € por hora trabajada poniendo el trabajador sus medios. El sindicato reclama abono a los trabajadores por adherirse al teletrabajo. La AN estimó considera que la oferta concreta de la empresa le obliga al abono del complemento graciosamente concedido aunque no se recoja en contrato de teletrabajo, aplica AM europeo 16/08/2002 y aprecia condición más favorable respecto de lo acordado en CC en 2021. En casación se plantea si conservan el derecho a percibir la cuantía de 1 € adicional por h. teletrabajada del ofrecimiento empresarial, valorado el correo remitido el 6/03/20 daba la posibilidad de aceptar o rechazar la oferta el posterior de 19/03/20, la normativa europea y el carácter preferente del teletrabajo por RD-Ley 8/20: La Sala 4 recoge su doctrina sobre la condición más beneficiosa, no lo es porque el correo de 6/03/20 denota circunstancias excepcionales, la pandemia que impedía prestación presencial por riesgo de contagios, el teletrabajo es la opción para evitar contagios COVID, no carácter de permanencia el ofrecimiento inicial. Carece de vocación de permanencia. Alterado con un nuevo régimen normativo por la pandemia sobre el teletrabajo y desplegados los medios para el teletrabajo por la empresa el 19/03, pierde su causa el 1€ por h comprometido.
Resumen: No cabe volver a examinar lo enjuiciado en ocasión anterior. El efecto preclusivo de la cosa juzgada alcanza a los distintos complementos o conceptos que debían incluirse en la paga de vacaciones que fue objeto del proceso anterior. La cosa juzgada no se contrae únicamente a los casos en que una petición se formula por una de las varias causas de pedir que pueden sustentarla, sino también a las peticiones que pudieron hacerse en un litigio con la misma causa de pedir y la parte que intervino pudo reclamarlas y sin embargo no lo hizo. El que los intereses moratorios no fuesen objeto de debate en el proceso anterior no altera los efectos preclusivos de la cosa juzgada, ya que se trata de una petición accesoria a la principal, sobre la que se ha apreciado existencia de cosa juzgada. Por todo lo expuesto el primer motivo del recurso se desestima.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, en interpretación y aplicación del art. 27 del V Convenio Colectivo de trabajo Interempresas Airbus Defence and Space SAU, Airbus Operations, S.L, Airbus Helicopters España, S.A y EADS Casa Espacio, hace suyas las argumentaciones de la Sala de origen y declara que el precepto en cuestión indica que cuando "el índice de absentismo por enfermedad o accidente al final de cada año, respecto al año anterior, sufre un incremento (...) será la Dirección de la Empresa la que podrá adoptar las medidas necesarias, incluida la de suspensión por el tiempo que ésta estime adecuado, del complemento establecido en el apartado tercero de este artículo, entendiéndose en ese caso que el complemento a aplicar, será el recogido en el apartado primero de este artículo, pero referido a todo el período de la baja médica" .Del redactado transcrito se extrae sin ningún esfuerzo hermenéutico, que la empresa puede suspender el complemento que el complemento pasaría a abonarse en la cuantía más reducida que refleja el apartado primero, esto es, salario base más el importe del plus de antigüedad, en lugar del incremento superior que prevé el apartado tercero para el periodo de baja médica a partir del día décimo sexto, que cubría el 100 % del salario regulador. En consecuencia, se desestima el recurso de la empresa.
Resumen: Conflicto colectivo. La cuestión que se plantea en el recurso de casación es si la parte variable del denominado complemento de ayuda familiar, recogido en el artículo 148 del Reglamento de Trabajo del Banco de España y las partidas y conceptos correspondientes al Presupuesto de Obras Sociales y asistencia médica complementaria incluidos dentro del capítulo de gastos del personal del Banco de España, tienen o no la consideración de gasto de acción social, a los efectos de la aplicación de lo establecido en los artículos 3.2 de los Reales Decretos Leyes 24/2018 y 2/2020 por los que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público para los años 2019 y 2020. El recurso articula 4 motivos de casación y solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida de la AN. Pero la Sala IV, tras el análisis de las distintas partidas cuestionadas, desestima el recurso y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que consideró que las partidas destinadas a la parte variable de ayuda familiar, actividades culturales y recreativas y asistencia médica complementaria tienen la naturaleza de gastos de acción social, definidos en los Reales Decretos Leyes 24/2018 y 2/2020 por los que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público aplicables al Banco de España y por las que, para los años 2019 y 2020, se establecía que tales gastos no se verían incrementados.
Resumen: El momento a tener en cuenta para valorar si existe un interés colectivo o individualizado a efectos de valorar la adecuación del proceso de conflicto colectivo es el de interposición de la demanda. Reitera doctrina.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, confirma el fallo combatido que desestima la demanda de conflicto colectivo deducida por INFOCA y en la que pretendía la aplicación supletoria del Convenio Colectivo de trabajo Agrícola, Forestal y Pecuario, respecto de empresa de servicios públicos con contrata para del Servicio de Vigilancia, Prevención y Extinción Incendios Forestales de la Región de Murcia y a la que le es de aplicación el Convenio Colectivo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Región de Murcia con ámbito de empresa. Razona al respecto que distinto es el ámbito funcional de cada Convenio, y que la actividad de los trabajadores adscritos al servicio de vigilancia, prevención y extinción incendios forestales encuentra su adecuado encaje en la redacción del art. 1 del convenio aplicado a la empresa, sin que se puedan asociar ciertas específicas categorías incluidas en el Convenio Colectivo Agrícola, Forestal y Pecuario de la Región de Murcia con las propias del Convenio Colectivo de empresa, y ello por cuanto que, aun cuando referidas a "Personal de Retenes de Incendios", no acotan la actividad principal que engloba el Convenio y así mismo se incardinarían en todo caso a la propia explotación -requisito exigido para la inclusión en el ámbito del convenio Agrícola, Forestal y Pecuario-, al contrario que la actividad de la empresa demandada. Se desestima el recurso.
